Augusto Rodríguez, uno de los alfiles más cercanos al presidente Gustavo Petro y uno de los pocos funcionarios de alto perfil que no ha sido relevado de su cargo suele ser un hombre poco visible ante los medios pero ahora ha estado en el centro del debate. Un mes y medio después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, la violencia política ha vuelto al foco y con ella, las tensiones alrededor del sistema de protección del Estado. Desde la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad encargada de la seguridad de más de 13.000 personas, Rodríguez enfrenta críticas de la oposición por no garantizar su seguridad, mientras él sostiene que el país atraviesa un pico de violencia por parte de grupos armados ilegales que buscan legitimarse ante el Gobierno. “Entre más víctimas causen, mayor estatus creen tener para negociar”, dice Rodríguez.
La defensa de Miguel Uribe asegura que el director de la UNP falta a la verdad
En diálogo con este diario, Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe Turbay, ha rechazado la versión que entregó el director de la UNP. Sobre el supuesto debilitamiento del esquema de protección, asegura que está en marcha una solicitud de rectificación por considerar que “falta a la verdad con sus señalamientos del día del atentado”. Según su versión, la razón por la que el senador fraccionó su esquema de seguridad es porque “el programa de protección era extensivo a su núcleo familiar”. Sobre las solicitudes de reforzamiento de protección, reconoció que la mayoría eran peticiones de seguridad para desplazamientos a otras ciudades, pero afirmó que “lo que alegamos es que si mandamos tantas solicitudes, es porque evidenciábamos un problema de fondo, y es que se necesitaba más seguridad de la que se está brindando”, dijo.
