Fue hace siete meses, a finales de noviembre de 2024, cuando Los Ángeles fue declarada como ciudad santuario. Eso significaba que quedaba prohibido el uso de los recursos locales para ayudar a las fuerzas federales a perseguir a los inmigrantes. A Donald Trump, recién elegido, nunca le gustó esa política, y en cuanto llegó al poder denunció a Chicago y a su Estado, Illinois, por aplicarla. Ahora, le ha llegado el turno a Los Ángeles, capital oficiosa de la Costa Oeste y segunda ciudad de Estados Unidos. Este lunes, el Departamento de Justicia ha decidido demandar tanto a la propia ciudad de California como a su consejo municipal, al presidente del consejo y a la alcaldesa, Karen Bass, por “interferir en la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal”.
Related Post
