Portugal pasará de ser un país de brazos abiertos para los extranjeros a uno de los más restrictivos de Europa para acceder a la nacionalidad. La reforma legal pactada entre el Gobierno conservador y la ultraderecha, que amplía los plazos de espera para optar a la ciudadanía (entre siete y diez años) e impone exámenes de lengua y cultura, introduce también como requisito que los solicitantes no reciban subsidios ni ayudas públicas en el momento de la petición y que demuestren que disponen de medios económicos propios para vivir.
