La teoría dice que la obligatoriedad del voto mejora la calidad de la democracia. Politólogas como Lisa Hill o Jill Sheppard identifican una serie de efectos positivos en esta norma, como el aumento del conocimiento político de los ciudadanos -ya sea por la elección voluntaria de informarse o que el proceso mismo genera un conocimiento incidental-, un aumento en la sensación de equidad de la democracia por el poder real de elegir, así como aumento sostenido en la cultura y el conocimiento cívico. Pero, pese las externalidades positivas de la obligatoriedad, no existiría evidencia concluyente de un aumento en el largo plazo del compromiso político de las personas o de una mayor representación sustantiva, es decir, que la obligatoriedad marque grandes diferencias en cuanto a la aparición de nuevos polos de poder.