El rancho Izaguirre, que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usaba en Teuchitlán para secuestrar, torturar y asesinar a sus víctimas, ha abierto una batalla política entre fiscalías, que se deslindan de responsabilidades mientras se acusan mutuamente. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha señalado este lunes en la Mañanera que no podrá aportar más información sobre el lugar hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda asumir la investigación, algo que ya exigió el pasado miércoles el fiscal general, Alejandro Gertz. Desde entonces, el discurso desde instancias federales ha ido dirigido a responsabilizar al Ministerio Público de Jalisco, quien comenzó las diligencias en septiembre de 2024, después de un tiroteo entre la Guardia Nacional y sicarios del CJNG en el rancho. La Fiscalía estatal, sin embargo, ya entregó el expediente completo a la FGR el jueves, un día después del reclamo de Gertz. Depende ahora de la FGR atraer oficialmente el caso, algo que todavía no han hecho, defienden fuentes de la Fiscalía de Jalisco. El resultado del cruce de acusaciones es, en definitiva, que la investigación sigue empantanada.
