Las principales potencias armamentísticas de Europa limitan la información que hacen pública a la ciudadanía, retrasan la presentación de informes sobre la venta de armamento a otros países o ponen trabas a la transparencia bajo el argumento de la seguridad nacional. Estas son las conclusiones de un informe presentado a finales de junio por el Instituto Asser y la Universidad de Ámsterdam, que compara los marcos legales de ocho países europeos —Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, el Reino Unido y Suecia— que concentran un tercio de las exportaciones mundiales de armas, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).
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