Las discotecas que se incendiaron en Murcia el 1 de octubre de 2023 y en las que murieron 13 personas incumplían toda la normativa en materia de seguridad y de evacuación antiincendios y tenían una orden de cierre en vigor que nunca llegó a ejecutarse. Por estos motivos, los familiares de las víctimas han perseverado los dos años transcurridos para intentar que los concejales, técnicos y funcionarios municipales que debían velar en contra de esas irregularidades administrativas fueran investigados. Finalmente, no será así: la Audiencia Provincial de Murcia ha dado carpetazo este jueves a esa petición con un auto en el que niega que haya conexión entre la actuación municipal y la responsabilidad penal por las muertes.
