En 1983, la prensa chilena revelaba un escándalo mayor: Ivonne Gutiérrez Pávez, jueza del tribunal de menores de San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago, era investigada por robo y venta de bebés, entregados a matrimonios extranjeros. En esa red también participaban dos abogados, ya fallecidos, y uno de ellos, Alberto Bronfman, pareja de la magistrada. Los pequeños eran arrebatados a sus jóvenes madres, algunas de 16 y 17 años, solteras, pobres, sin redes, en vulnerabilidad. Hubo mujeres que firmaron papeles judiciales sin conocer su contenido, y cuando reclamaban a sus niños, se les amenazaba con que irían a la cárcel, amedrentamientos comunes en el Chile de esa época, bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Otras, como Ruth Reyes, nunca firmaron un documento aceptando entregar a su hijo a otros padres.
