La mañana de este sábado inicia con una noticia triste para Colombia. Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los Derechos Humanos, han confirmado lo que hasta ahora era solo una posibilidad: siete menores de edad murieron en un bombardeo militar ocurrido esta semana en el selvático departamento del Guaviare. Eran víctima de reclutamiento forzado, ha dicho la cabeza de la institución, Iris Marín. Con esa información se confirma que el presidente Gustavo Petro, que ha retomado los ataques aéreos contra campamentos de grupos ilegales que había suspendido al llegar al poder en 2022, ha dado la instrucción de ejercer hechos de fuerza que, según expertos, violan varios principios del derecho internacional humanitario (DIH) y que son calcados a las operaciones que el actual presidente y sus aliados de la izquierda habían criticado fuertemente cuando los realizó su antecesor, el expresidente de derechas Iván Duque.
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