Las últimas semanas han sido pródigas en revelaciones de alto impacto para la vida política del país, especialmente tras decretarse el fin al secreto de sumario y el consecuente levantamiento de la reserva en el caso ProCultura, que dio acceso a la carpeta investigativa a un gran número de intervinientes. A partir de ahí, como si fuera aluvión cordillerano imposible de contener, las noticias se han sucedido, unas tras otras, revelando potenciales irregularidades en la asignación, transferencia y uso de fondos públicos. Objetivo sin duda loable, toda vez que la Fiscalía investiga la comisión de múltiples delitos que horadan la confianza pública.
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