En el tablero del sistema judicial guatemalteco hay teclas que no suenan a justicia, sino a impunidad. Son las que, desde hace años, presiona la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, pieza central de un engranaje que ha vaciado de sentido al Ministerio Público y lo ha puesto al servicio de los poderosos. Los mismos que se resisten a que el país mire de frente sus heridas del pasado y que hoy traban los proyectos democráticos y de modernización del presidente Arévalo.
