El despacho del juez ecuatoriano Carlos Serrano quedó vacío el 17 de diciembre. No fue una ausencia rutinaria. Serrano, uno de los 14 magistrados de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, no volvió al edificio judicial del norte de Quito donde trabajó durante tres años. El juez, de 34 años, era el más joven del grupo creado en 2022, en plena escalada de la violencia criminal, para enfrentar a las mafias. Mientras el país se preparaba para las fiestas de fin de año, Serrano ya había salido de Ecuador. Antes de irse, dejó su tercer oficio al Consejo de la Judicatura, en el que advertía que continuar sin protección policial ponía en riesgo su vida.
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