El Congreso peruano ha cruzado una línea roja. Esta semana aprobó una amnistía destinada a favorecer a responsables de crímenes atroces cometidos durante las últimas décadas: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas. No es solo un acto éticamente repugnante. Es jurídicamente inválido, políticamente insostenible y moralmente infame. Representa la institucionalización de la impunidad como política de Estado.
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