Un correo interno evidencia las grietas que se han abierto en el sistema de protección de menores migrantes en Canarias. En ese mensaje, la directora general de Infancia admite que la comprensión de la fiscalía ha permitido que no se cierren los 86 centros de acogida “a pesar de las condiciones de algunos de ellos”. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ilustra hasta qué punto la red de acogida depende de esa complicidad entre el Gobierno canario y la Fiscalía para seguir funcionando. El contenido de este correo electrónico cobra relevancia en medio de la investigación por malos tratos contra la ONG Quorum 77 —la que más menores migrantes acoge en las islas—, un caso que ha puesto bajo la lupa tanto a la entidad como al conjunto de un sistema desbordado. En las últimas semanas se han multiplicado los testimonios de exempleados y jóvenes tutelados que denuncian abusos y negligencias y que apuntan a una con escaso control. Tras el estallido del caso, EL PAÍS publicó que el Gobierno canario y la Fiscalía conocían desde al menos 2021 denuncias de malos tratos en varios centros, pero que no actuaron con la debida diligencia.
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El correo interno del Gobierno canario: “La fiscal nos permite mantener los centros a pesar de las condiciones de algunos”
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