Apenas terminaron los gestos protocolares entre el oficialismo y la oposición tras la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile, arrancaron las controversias entre ambos sectores. El origen ha sido un artículo, el 14, que fue incluido en el protocolo de acuerdo de reajuste del sector público, suscrito por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con 10 gremios del sector público, que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata, cuyo vínculo laboral es transitorio: un contrato a plazo fijo que vence el 31 de diciembre de cada año. Para la futura Administración de derechas, que asume el 11 de marzo, la norma, que debe ser discutida por el Congreso, supone una “ley de amarre” pues restringe sus posibilidades de remover empleados.
